Por Víctor Arcides Saldivia Vera, Director Docente de Ingeniería Civil en Informática, Universidad de Los Lagos, Sede Chiloé.

La ofensiva judicial de la Tesorería General de la República para recuperar parte de los más de 4 billones de pesos mediante embargos a deudores del CAE ha dejado al descubierto una crisis que se arrastra desde hace dos décadas. Las retenciones y embargos de estas últimas semanas no son más que el síntoma tardío de una política pública mal diseñada desde su origen en el año 2005. Como director docente, y desde mi área de estudio Ciencias de Datos, resulta inevitable trazar un paralelo entre este colapso y el de un sistema de información con fallas estructurales desde su arquitectura inicial: cuando los datos de entrada son incorrectos, ningún modelo predice bien.

En nuestra disciplina sabemos que cuando un sistema se diseña con premisas erróneas, ningún parche soluciona la falla de fondo; solo posterga el colapso definitivo. El CAE nació bajo una lógica financiera rígida que asumió un mercado laboral ideal, ignorando variables socioeconómicas y geográficas esenciales. Durante veinte años, administraciones de distintas coaliciones políticas aplicaron medidas paliativas, subsidios a la tasa de interés, ajustes administrativos, en lugar de reformar el modelo. El resultado es categórico: cerca de 1,2 millones de personas capturadas por un modelo que nunca fue diseñado para ser justo.

Desde una universidad regional y pública del sur de Chile, el problema técnico adquiere un rostro humano más desolador. Las personas que han aparecido estos días con sus cuentas embargadas ilustran una medida desesperada que no resuelve el déficit fiscal, pero sí desestabiliza hogares enteros. En zonas como el archipiélago de Chiloé, el impacto es doble: por ejemplo, un ingeniero que decide quedarse a descentralizar el conocimiento enfrenta condiciones laborales y costos de vida radicalmente distintos a los de la capital. Aplicar embargos estandarizados sin segmentar por ingreso real, zona geográfica o carga familiar no es solo una injusticia; es un error de modelo.

Nadie está planteando desconocer las responsabilidades financieras de los deudores, sino impugnar un mecanismo coercitivo que opera con datos descontextualizados. Embargar por igual al que se niega a pagar y al que no tiene con qué hacerlo es confundir evasión con precariedad. La verdadera urgencia es construir un diálogo transversal para diseñar un financiamiento sostenible para la educación superior. El Estado debe reconocer que sostener el acceso universitario en zonas aisladas es una inversión estratégica. Rediseñar el sistema desde sus cimientos, con datos reales y criterios territoriales, es la única forma de no hipotecar el futuro de las familias chilenas.