Columna de opinión: Óscar Garrido Álvarez, rector Universidad de Los Lagos

La educación tiene un sentido público, sin importar su origen, temporalidad, el sostenedor o dueño, pero ser pública, no es opción para las instituciones del Estado. Cuando se exige un trato igualitario, frente a la fragmentación y la competencia, que tanto daño a hecho al sistema educativo chileno, que ha significado una disminución progresiva de la educación pública en manos de privados en todos sus niveles, las Ues públicas contribuyen al debate nacional con propuestas concretas en consideración a la naturaleza de su rol público, representan una postura frente a las transformaciones que el sistema de educación superior requiere y son un aporte a políticas públicas frente a demandas ciudadanas. Son referentes en cuanto a valores como libertad académica, pluralismo, diversidad, tolerancia, democracia, equidad e inclusión, aspectos que las Ues privadas no están comprometidas porque abrazan algún credo religioso, ideológico o están ligadas a algún grupo económico. No buscan satisfacer necesidades e intereses generales de la sociedad, si no objetivos particulares.

Cuando las Ues de la Red G9, compuesta por seis universidades católicas, Concepción, Austral y Federico Santa María, piden un trato igualitario con las Ues públicas por planteamientos del actual gobierno de fortalecer al sector público universitario, no se desconoce el aporte a la tradición universitaria chilena de instituciones diversas, pero sí, reconoce el rol público de las estatales, que las constituye en un referente social y una voz respecto de la educación que el país necesita, y como sus instituciones a lo largo del país procuran avanzar en mayor calidad y ajustar su oferta a los requerimientos de las regiones. Asimismo, el aporte de las Ues públicas en la aplicación de políticas públicas, la ejecución de proyectos que fortalecen los procesos democráticos, el desarrollo de las humanidades, las artes y la preservación y generación de la cultura. Lo anterior no es una opción, es parte del rol público que viene de la convicción de la sociedad plasmada en la ley que las crea y delimita su finalidad. Ues públicas que deben cumplir con las leyes del sector público, que muchas veces resultan excesivas y han significado un gran desmedro en la gestión en relación a las privadas, enfrentando en desventaja un escenario competitivo y de fuertes trabas a su crecimiento.

Hoy las Ues privadas tradicionales exigen un trato igualitario que las Ues públicas no han tenido, por ello, no debemos relativizar el concepto de lo público, se es público, porque son parte del estado y persiguen intereses generales y no particulares. Las Ues estatales son creadas por Ley, la que fija su misión, abogan por un carácter laico de la educación, están supervigiladas por instituciones de control que rigen al sector público, tienen representantes del estado en sus órganos colegiados superiores y su Rector es elegido por sus pares. Las diferencias son claras, lo público por definición, intereses y formación laica no es privado, las Ues públicas, son las Ues del Estado.

Nuestro país requiere impulsar una nueva forma de desarrollo para la educación terciaria, en una estrecha relación del Estado, sus instituciones y autoridades, en beneficio de propuestas que fomenten el desarrollo armónico del país, con una mirada regionalista para resolver problemáticas locales. La colaboración es condición para garantizar una sociedad cohesionada, y es la educación pública en todos sus niveles la que debe fortalecerse, luego de ser desmantelada por décadas por un modelo individualista, que no hizo más que dañar la cohesión de la sociedad chilena, para volver a ser agentes de cambio y transformación social, reafirmando el propósito de cooperación sobre la competencia.