Dr. Mario Sandoval

Investigador CEDER ULagos

La propuesta de crear un «Registro Nacional de Vándalos» ha irrumpido en el debate público como una respuesta aparentemente firme frente a incivilidades ocurridas en el espacio público. A primera vista, la iniciativa parece responder a una demanda ciudadana legítima: combatir la impunidad y fortalecer la seguridad. Sin embargo, una mirada más detenida revela serias interrogantes jurídicas, democráticas y prácticas que no pueden ser ignoradas.

El primer problema radica en la propia definición de «vándalo». A diferencia de figuras penales claramente tipificadas en la legislación, el concepto posee una fuerte carga política y mediática. ¿Quién determinará quién merece integrar ese registro? ¿Bastará una condena judicial? ¿Se incluirán imputados, detenidos o personas investigadas? La experiencia demuestra que cuando los límites son ambiguos, aumenta el riesgo de arbitrariedad y vulneración de derechos fundamentales.

Asimismo, la propuesta parece tensionar principios básicos del Estado de Derecho. En una democracia, las sanciones deben derivar de procesos judiciales con garantías suficientes y no transformarse en mecanismos de estigmatización permanente. Un registro público puede convertirse en una pena adicional no contemplada por los tribunales, afectando la reinserción social y generando consecuencias laborales, educativas o comunitarias para quienes hayan cumplido sus condenas.

Existe además una pregunta sobre su eficacia real. La evidencia internacional muestra que las políticas de seguridad más exitosas combinan prevención, inteligencia policial, persecución penal efectiva y fortalecimiento institucional. Los registros públicos, en cambio, suelen tener un efecto más simbólico que práctico. Generan una sensación de acción gubernamental inmediata, pero rara vez atacan las causas profundas de la violencia o mejoran sustancialmente la capacidad de persecución del delito.

Otro aspecto preocupante es el precedente que podría establecer. Si hoy se crea un registro para quienes participan en actos catalogados como vandalismo (incivilidades), mañana podrían surgir propuestas similares para otros grupos considerados problemáticos por la autoridad de turno. Las democracias sólidas se construyen precisamente limitando el poder del Estado para clasificar y etiquetar ciudadanos más allá de lo estrictamente necesario.

Nada de esto implica relativizar la gravedad de los actos violentos ni desconocer el daño que provocan a las personas y a la convivencia social. Quienes destruyen infraestructura pública, saquean o agreden a terceros deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Pero la respuesta debe fortalecer las instituciones, no debilitar las garantías que caracterizan a una sociedad democrática.

La seguridad ciudadana es una prioridad legítima. Sin embargo, cuando las soluciones se diseñan más para generar impacto comunicacional que para resolver problemas complejos, el riesgo es terminar sacrificando principios fundamentales sin obtener resultados significativos. La pregunta de fondo no es si debemos sancionar la violencia y/o las llamadas incivilidades sino si un “Registro Nacional de Vándalos” constituye realmente una herramienta útil o simplemente una expresión más del creciente populismo penal que domina parte del debate público.