Dr. Mario Sandoval

CEDER ULagos

El proyecto de ley conocido como “Aula Protegida” en Chile surgió como una propuesta orientada a fortalecer las herramientas disciplinarias dentro de los establecimientos educacionales frente a situaciones de violencia escolar. Impulsado inicialmente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto busca facilitar la expulsión o cancelación de matrícula de estudiantes involucrados en agresiones graves contra docentes, asistentes de la educación o miembros de la comunidad escolar. Aunque la iniciativa fue presentada como una respuesta urgente al aumento de episodios violentos en liceos emblemáticos, también generó amplias críticas desde sectores académicos, estudiantiles y de derechos humanos.

Desde una perspectiva crítica, uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que aborda la violencia escolar principalmente desde una lógica punitiva. La propuesta privilegia mecanismos de sanción rápida por sobre estrategias preventivas, formativas o de acompañamiento psicosocial. Esto resulta problemático porque la violencia en las escuelas suele estar vinculada a factores estructurales más amplios, como la desigualdad social, la segregación educativa, la exclusión y la precarización de la convivencia escolar. En ese sentido, limitar la respuesta del Estado a la expulsión de estudiantes puede terminar invisibilizando las causas profundas del conflicto.

Otro aspecto debatido es el impacto que la iniciativa podría tener sobre el derecho a la educación. Diversas organizaciones advirtieron que la expulsión inmediata o acelerada de estudiantes podría vulnerar garantías básicas del debido proceso, especialmente en casos donde no existiera una investigación adecuada o instancias suficientes de defensa. Además, existe el riesgo de que las sanciones recaigan de manera desproporcionada sobre estudiantes de contextos vulnerables, reforzando dinámicas de exclusión ya presentes en el sistema educativo chileno.

Asimismo, críticos del proyecto sostienen que la noción de “protección” contenida en la propuesta es limitada, ya que pone el énfasis casi exclusivamente en la seguridad de docentes y funcionarios, dejando en segundo plano la protección integral de toda la comunidad educativa. Una política pública orientada a mejorar la convivencia escolar debería considerar también el bienestar emocional de los estudiantes, el fortalecimiento de equipos de apoyo psicológico, la mediación de conflictos y la educación en ciudadanía democrática.

Sin embargo, también es importante reconocer los argumentos de quienes defendieron el proyecto. Muchos docentes y directivos señalan que existiría una sensación creciente de desprotección frente a episodios de violencia extrema dentro de los establecimientos. Desde esa perspectiva, contar con herramientas rápidas para actuar frente a agresiones graves sería una condición necesaria para garantizar un ambiente seguro de aprendizaje. El debate, por lo tanto, no se limita a elegir entre disciplina o derechos, sino a encontrar un equilibrio entre seguridad, inclusión y formación educativa.

En conclusión, el proyecto “Aula Protegida” refleja tensiones profundas dentro del sistema educativo chileno: la necesidad de enfrentar la violencia escolar sin transformar la escuela en un espacio meramente sancionador. Una mirada crítica permite observar que las políticas educativas centradas exclusivamente en el castigo suelen ser insuficientes para resolver conflictos complejos. Más que expulsar el problema fuera del aula, el desafío consiste en construir comunidades educativas capaces de prevenir la violencia, fortalecer la convivencia y garantizar derechos para todos sus integrantes.