por Dr. Mario Sandoval

Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos, CEDER

Hay decisiones políticas que buscan resolver un problema. Y hay otras que, más bien, buscan construir un símbolo. La reciente medida del Gobierno orientada a denunciar a migrantes en situación irregular que acudan a centros de salud parece pertenecer a esta segunda categoría: una política diseñada para transmitir severidad antes que para ofrecer una solución efectiva. La pregunta de fondo es inevitable: ¿estamos frente a una metáfora del control estatal o ante una hipérbole política que exagera el problema migratorio hasta convertirlo en amenaza sanitaria y social?

El debate migratorio en Chile se ha vuelto cada vez más emocional y menos racional. En un contexto marcado por el aumento de delitos violentos, crisis habitacional y presión sobre servicios públicos, la figura del migrante irregular se ha transformado en un recipiente donde se depositan múltiples frustraciones sociales. Sin embargo, convertir los consultorios y hospitales en espacios de vigilancia migratoria implica cruzar una frontera delicada: la del derecho básico a la salud, derecho defendido por la propia Ministra de Salud.

El problema no radica únicamente en la legalidad migratoria, sino en las consecuencias prácticas y éticas de la medida. Cuando una persona teme ser denunciada por acudir a un centro asistencial, lo más probable es que deje de atenderse. Y cuando eso ocurre, no solo se pone en riesgo la salud individual, sino también la colectiva. Las políticas públicas sanitarias funcionan precisamente porque las personas pueden acceder tempranamente a diagnósticos, vacunas y tratamientos. Romper esa confianza transforma al sistema de salud en un instrumento de disuasión y no de protección.

Además, existe una contradicción difícil de ignorar. El Estado exige control epidemiológico, prevención y responsabilidad sanitaria, pero el gobierno de turno instala mecanismos que podrían incentivar la clandestinidad médica. La experiencia internacional demuestra que criminalizar el acceso a servicios esenciales no reduce la migración irregular; solo aumenta la precariedad y la invisibilidad de quienes ya viven en condiciones vulnerables.

Por supuesto, el Estado tiene el derecho y el deber de ordenar la política migratoria. Ningún país puede sostener fronteras completamente abiertas ni desconocer el impacto que una migración desregulada genera sobre los recursos públicos. Pero una cosa es fortalecer el control fronterizo y otra muy distinta es trasladar esa lógica al espacio sanitario. Los centros de salud no pueden convertirse en una extensión de la policía migratoria.

En el fondo, esta medida revela algo más profundo: la dificultad de la política contemporánea para distinguir entre gobernar y comunicar. Muchas veces las decisiones públicas se anuncian para producir impacto simbólico inmediato, aunque su eficacia real sea dudosa. Se instala así una narrativa donde el migrante irregular deja de ser una persona y pasa a representar un problema abstracto sobre el cual demostrar autoridad.

Quizás por eso la discusión termina atrapada entre la metáfora y la hipérbole. Metáfora, porque el migrante se convierte en símbolo de desorden social. Hipérbole, porque se exagera su responsabilidad en crisis que son mucho más complejas y estructurales. Mientras tanto, el riesgo es evidente: que el miedo termine reemplazando a la política pública y que la salud deje de ser un derecho para transformarse en un filtro de exclusión.