por Daniela Poblete Godoy, académica CEDER ULagos

publicado el 20 de mayo en Le Monde Diplomatique 

El debate migratorio en Chile se ha estancado en una retórica de control que exige una disección. La reciente indicación del Gobierno, indica a los centros de salud y escuelas a entregar información de contacto de migrantes irregulares para facilitar su expulsión, ha sido defendida por el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, como una simple herramienta administrativa para notificar resoluciones legales, tildando las críticas de ser una «polémica artificial» (Puranoticia, 2026). Sin embargo, la criminología crítica nos advierte que el fin último de este entramado no es la eficiencia, sino el mantenimiento de un orden que criminaliza poblaciones (Duarte et al., 2024) y rompe el vínculo social.

El espejo europeo: La ley de protección de datos

Para anticipar las externalidades de la vía punitiva que Chile busca adoptar, es fundamental analizar las políticas de registro en Europa y sus normativas legales. En este sentido, la Unión Europea cuenta con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), el cual establece directrices estrictas sobre la recopilación, uso, almacenamiento, intercambio y eliminación de la información personal (Kierans & Kraler, 2025). Esta ley consagra el «principio de limitación del propósito», prohibiendo tajantemente que los datos de las personas sean utilizados para fines u objetivos distintos a los especificados originalmente (Appriou et al., 2025). Investigaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE advierten que cuando este principio normativo se vulnera —por ejemplo, al compartir información de inspecciones laborales o de salud con autoridades de control migratorio y deportación -se erosiona profundamente la confianza pública, disuade a los migrantes de buscar servicios básicos o protección, genera ghettos, socava cualquier política pública (Appriou et al., 2025). Por temor, se llenarían los servicios de urgencias por enfermedades prevenibles que antes no fueron atendidas; por temor de sus familias se auto-excluirían niños, niñas y adolescentes de la educación para arrojarlos fácilmente a las manos del crimen organizado.

El contraste institucional entre Alemania y España ilustra perfectamente este dilema frente a la ley. Por un lado, el Registro Central de Extranjeros (AZR) en Alemania es un gigantesco sistema profundamente interconectado con autoridades ejecutivas con grandes. Si bien tiene un enorme potencial para el análisis y toma de desiciones, no está exento de restricciones normativas y operativas que termina empujando a los migrantes verdaderamente indocumentados a la clandestinidad absoluta por el temor a dejar un rastro digital (Kuhlmann et al., 2024; Peitz, 2025).

En el extremo opuesto se encuentra el Padrón Municipal en España, un sistema local que exige el registro de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, y que separa de manera explícita la prestación de servicios (como salud o educación) de las funciones de aplicación de la ley y control migratorio (Appriou et al., 2025). La clave al desvincular los registros sociales del aparato punitivo, es que los municipios autónomos almacenan data que les permite planificar su accionar a modo de mantener al migrante cerca. Esto facilita diferenciar entre la persona migrante trabajadora dispuesta a acercarse a la autoridad (y que tributa impuestos) de la persona que tributa al crímen transnacional y que, en consecuencia, se mantendrá al margen del control público.

La arquitectura transnacional de exclusión: Estados Unidos y República Dominicana

Esta maquinaria burocrática de exclusión no es un invento local; es parte de una arquitectura transnacional que castiga severamente el éxodo, siendo la diáspora haitiana uno de los ejemplos más dramáticos.

Para comprender el panorama completo, es necesario observar cómo operan las políticas de exclusión en Estados Unidos y en la República Dominicana. En Estados Unidos, el sistema migratorio utiliza el limbo legal como un mecanismo de desgaste. Actualmente, el destino de aproximadamente 350.000 haitianos se encuentra en manos de la Corte Suprema, la cual debe fallar sobre la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) (France 24, 2026). La administración republicana de Donald Trump impulsó la cancelación de este programa para abrirle la puerta a deportaciones masivas (France 24, 2026). Aunque la medida ha enfrentado obstáculos, la incertidumbre es devastadora para miles de personas que llegaron siendo niños, se educaron allí, apenas hablan creole y carecen de vías hacia la ciudadanía (France 24, 2026). Revocarles la protección implica amenazarlos con la expulsión hacia un país al que el propio gobierno recomienda no viajar debido al extremo peligro.

Por su parte, en la República Dominicana, la exclusión opera mediante el nacionalismo y la restricción de derechos sociales. Frente a la inmensa desigualdad económica entre las dos naciones de la isla, los legisladores dominicanos han endurecido las políticas institucionales. Recientemente, representantes políticos —incluyendo diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)— han defendido fervientemente la implementación de un «protocolo hospitalario» (Periódico Sin Cortapisa, 2026). Esta medida erige barreras directas en el acceso a la atención médica para los migrantes haitianos, justificándose bajo la premisa de que es indispensable para proteger la soberanía y blindar el sistema de salud nacional, rechazando de paso los cuestionamientos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos (Periódico Sin Cortapisa, 2026)

Haití, el anhelo de #VolverACasa y el absurdo del castigo

 Las medidas en Chile, el limbo en Estados Unidos y las barreras hospitalarias en República Dominicana convergen en un mismo absurdo: castigar administrativamente a una población que quiere regresar a casa, pero no puede porque huye del permanente conflicto cívico, político y armado. Salir tras la frontera no es el problema, sino tener un país donde entrar. Haití ha sufrido una sangría demográfica masiva debido a décadas de depredación estatal y «tragedia de los bienes comunes» propiciada por élites (Étienne, 2021). Hoy, el país está secuestrado por pandillas legalizadas y una violencia estructural que asfixia a la población (Maxi, 2025).

La desconexión entre la frialdad de las notificaciones de expulsión y la tragedia humana es total. Mientras la burocracia internacional afila sus herramientas de deportación, los haitianos claman en redes sociales bajo etiquetas como #volveracasa. Este anhelo digital choca con la realidad de Puerto Príncipe, donde miles de ciudadanos marchan vestidos de blanco exigiendo paz para poder simplemente ir a la escuela y ver a sus familiares. Claman por la reapertura del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, infraestructuras bloqueadas por la inseguridad (Ciudad Valencia, 2026; La 91FM, 2026). La crisis institucional y civil es de tal magnitud que el propio primer ministro, Didier Fils-Aimé, ha reconocido que es imposible celebrar elecciones hasta que el Estado recupere los territorios perdidos frente a las bandas armadas (Periódico Sin Cortapisa, 2026)

Así las cosas, instruir al personal sanitario o profesorado chileno a operar como informantes del control migratorio contraviene tanto, los los principios éticos de la protección de datos para la convivencia cívica, como la misma dignidad humana. No se diga que no se advirtió, el remedio puede ser peor que enfermedad: la marginalización de la población es tierra fértil para la operación criminal, una organización que suple fácilmente las necesidades básicas allí donde el Estado no llega.

Referencias

Appriou, A., Slootjes, J., & Sohst, R. (2025). Towards the more effective use of irregular migration data. En D. Kierans & A. Kraler (Eds.), Handbook on irregular migration data. Concepts, methods and practices (pp. 121–128). University of Krems Press. https://doi.org/10.48341/g31s-vq79

Ciudad Valencia. (19 de mayo de 2026). Miles de haitianos salen a las calles para exigir el cese de la violencia.

Duarte, E. P., de Carvalho, S., & da Silva Freitas, F. (2024). Criminología y decolonialidad: La criminología racista y el pensamiento contrahegemónico en Brasil. Bosch Editor.

Étienne, T. (2021). Gouvernance, tragédie des biens communs et mécanismes incitatifs en Haïti de 1986 à 2021 [Tesis doctoral, Université Laval / Université d’État d’Haïti].

France 24 Español. (2026). EE. UU.: el destino de 350.000 haitianos en manos de la Corte Suprema [Archivo de video]. YouTube.

Kierans, D., & Kraler, A. (Eds.). (2025). Handbook on irregular migration data: Concepts, methods and practices. University of Krems Press. https://doi.org/10.48341/g31s-vq79

Kuhlmann, S., Proeller, I., Wehmeier, L. M., & Adam, J. P. (2024). Modellkommune Digitales Migrationsmanagement: Herausforderungen und Handlungsempfehlungen in kommunalen Ausländerbehörden. Universität Potsdam.

La 91FM. (19 de mayo de 2026). Miles de haitianos marchan en Puerto Príncipe para exigir paz y reapertura de carreteras.

Maxi, J. M. (2025). Un pays sous siège légal, une nation trahie par ses propres fondations (Víctimas de las bandas criminales).

Periódico Sin Cortapisa. (19 y 20 de mayo de 2026). Primer ministro de Haití Didier Fils-Aimé asegura que Haití no celebrará elecciones hasta recuperar el control frente a las bandas armadas / Diputado del Partido de la Liberación Dominicana defiende postura dominicana frente a cuestionamientos sobre haitianos.

Puranoticia. (19 de mayo de 2026). Sauerbaum defiende indicación migratoria tras «polémica artificial» y adelanta «redacción distinta» para despejar dudas.