Lo que está en juego no es solo el presupuesto de las universidades, sino capacidades que Chile necesita.

El debate sobre el Presupuesto 2027 no puede reducirse a una discusión de porcentajes y partidas. Detrás de las cifras están las posibilidades de miles de estudiantes de acceder a una educación de calidad, la capacidad de las regiones para formar profesionales y especialistas, la investigación que Chile necesita para desarrollarse y una extensa red de actividades culturales, científicas y de vinculación con las comunidades.

Las universidades estatales comprendemos que el país enfrenta restricciones fiscales y que todas las instituciones públicas debemos hacer un uso responsable y eficiente de los recursos. Lo que preocupa es dónde se está concentrando el ajuste.

Mientras el presupuesto global de educación superior disminuye aproximadamente 1% respecto del presupuesto vigente 2026, el programa destinado al fortalecimiento de la educación superior pública cae alrededor de 8,5%. Más aún: este programa representa cerca del 11% de los recursos analizados, pero concentra más del 90% de la reducción propuesta para 2027.

Si se compara con el presupuesto inicialmente aprobado para 2026, la situación es todavía más clara: los instrumentos destinados a las universidades estatales presentan aproximadamente $37.700 millones menos. A ello se agrega una disminución de la gratuidad universitaria que también puede afectar los ingresos de estas instituciones.

El problema, entonces, no es que todo el presupuesto de educación superior esté disminuyendo de la misma manera. El problema es que una parte muy importante del ajuste se está concentrando en las universidades del Estado.

¿Por qué esto debiera importar más allá de las universidades?

Porque las universidades estatales no son solamente instituciones que imparten carreras. Constituyen una red pública presente a lo largo del país y cumplen funciones que tienen efectos directos sobre el desarrollo de las regiones y la vida de sus comunidades.

En algunas regiones, como Atacama, Magallanes o Aysén, las universidades estatales constituyen la única alternativa universitaria presente en el territorio. En Arica y Parinacota y Tarapacá representan el 92% de la oferta universitaria, y en O’Higgins el 86%.

También cumplen un papel central en materia de equidad. El 87% de sus estudiantes proviene de establecimientos con subvención estatal y el 61% estudia con gratuidad. En ocho universidades estatales, más del 70% de los estudiantes tiene gratuidad.

Su aporte se extiende a áreas estratégicas para el país. Las universidades estatales generan aproximadamente el 40% de la producción científica nacional y han formado a más del 40% de los médicos especialistas que actualmente ejercen en Chile, participación que es todavía mayor en varias regiones.

Además, son socios relevantes de los gobiernos regionales en proyectos de innovación, desarrollo territorial y formación de capital humano, y mantienen más de 400 programas e iniciativas culturales a lo largo del país, incluyendo museos, teatros, bibliotecas, editoriales, orquestas, jardines botánicos, centros comunitarios y conservación del patrimonio.

Por eso, cuando se reduce el financiamiento de una universidad estatal, el impacto potencial no queda encerrado dentro del campus. Puede llegar a los estudiantes, a la investigación, a los hospitales, a las comunidades y al desarrollo de las regiones.

¿Qué está en riesgo?

Las universidades estatales enfrentan estas reducciones al mismo tiempo que aumentan sus costos. Aproximadamente 69% de sus ingresos se destina a remuneraciones y, producto del aumento de la cotización previsional de cargo del empleador, se estima que en 2027 deberán asumir alrededor de $22.000 millones adicionales respecto de 2026.

Esta combinación —menos recursos y mayores costos— reduce considerablemente el margen disponible para absorber el ajuste.

No significa que todas las universidades necesariamente deban despedir trabajadores o eliminar programas. Pero sí significa que aumenta el riesgo de restringir contrataciones, no reemplazar vacantes o retiros, reducir apoyos y servicios para los estudiantes, postergar inversiones y mantenimiento, disminuir actividades de investigación y limitar programas culturales, artísticos y de vinculación territorial.

Y aquí existe una paradoja importante: cuando gran parte de los gastos permanentes no puede reducirse rápidamente, el ajuste puede terminar recayendo precisamente sobre aquello que es más fácil de postergar: apoyo estudiantil, investigación, inversión, cultura, extensión y trabajo con las comunidades.

Esas actividades no son extras ni complementos. Son parte de la misión pública que el propio Estado ha definido para sus universidades.

Ahorrar hoy debilitando capacidades que mañana tendremos que reconstruir puede terminar siendo mucho más caro para el Estado.

Recursos de las propias universidades que tampoco pueden utilizarse plenamente

A las rebajas presupuestarias se suma una situación particularmente difícil de explicar: el proyecto reduce la proporción de excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario que las universidades pueden utilizar.

Estos recursos no son nuevos aportes fiscales. Provienen principalmente de la recuperación de créditos y pertenecen a las propias universidades. Sin embargo, el proyecto reduce los porcentajes que pueden utilizarse y, además, existen importantes retrasos administrativos para autorizar su disponibilidad. Como referencia, la aplicación de los nuevos porcentajes habría significado aproximadamente $24.925 millones menos de recursos disponibles en el ejercicio utilizado para la estimación.

Por eso resulta difícil comprender que, en un escenario de estrechez presupuestaria, se restrinja simultáneamente el acceso de las universidades a recursos que son propios y cuya utilización no representa un mayor gasto para el Fisco.

El llamado del CUECH

El CUECH plantea esta discusión con una perspectiva constructiva. No se trata de desconocer las restricciones fiscales ni de sostener que las universidades estatales deban quedar al margen de cualquier esfuerzo de eficiencia.

Lo que se solicita es evitar que el ajuste fiscal se concentre desproporcionadamente en la educación superior pública y termine debilitando capacidades que son estratégicas para Chile.

Por ello, proponemos recuperar la base de financiamiento institucional de las universidades estatales; resguardar los programas destinados a equidad y desarrollo regional; permitir una utilización más amplia y oportuna de los recursos propios del Fondo Solidario; y establecer plazos claros para que los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos lleguen efectivamente a las instituciones cuando deben ser utilizados.

El punto central es simple: Chile necesita universidades estatales fuertes para desarrollarse.

Necesita universidades públicas para formar profesionales en las regiones, para generar conocimiento e innovación, para formar médicos especialistas, para ampliar oportunidades a estudiantes que de otra manera difícilmente accederían a la educación superior y para mantener una presencia científica, cultural y territorial que el mercado por sí solo no necesariamente puede garantizar.

Por eso, esta discusión no es solamente sobre cuánto dinero reciben las universidades estatales. Es sobre qué capacidades públicas queremos que Chile conserve para su futuro.

La responsabilidad fiscal es necesaria. Pero también lo es cuidar aquello que al país le ha tomado décadas construir. El desafío del Presupuesto 2027 es compatibilizar ambas responsabilidades: ordenar las cuentas públicas sin debilitar la educación pública, la ciencia y las capacidades regionales que Chile necesita para crecer y desarrollarse.

Fuente: Cuech