Por Daniel Eyzaguirre Jorquera

Publicado por Ciper Chile el 25 de abril de 2024

A inicios de marzo pasado, en un informe elaborado por el MINVU, se conocieron los resultados sobre la situación de campamentos en Chile. Según el Catastro de Campamentos 2024, en el país existen 1.432 asentamientos irregulares; una cifra 630 unidades mayor que la del mismo registro previo al estallido social [MINVU 2024]. En solamente cinco años, el fenómeno de los campamentos se incrementó a lo largo del país en un 56%, lo cual da cuenta de la crisis histórica que vive el país en materia habitacional.

Las explicaciones institucionales atribuyen las razones que llevan a ciertos sujetos a tomar un terreno y habitar un campamento a dos focos problemáticos: el déficit de vivienda y condiciones de habitabilidad tales como el arrendamiento, el allegamiento y el hacinamiento. Por una parte, se plantea que el déficit cuantitativo de vivienda en Chile genera un malestar social que impulsa a las personas a tomar terrenos y organizar campamentos; esto, ante la supuesta imposibilidad de conseguir una solución habitacional a través de los mecanismos formales e institucionales de acceso a la vivienda.

Sin embargo, al examinar datos oficiales que miden la cantidad de hogares allegados, núcleos secundarios hacinados y viviendas irrecuperables en el contexto previo al estallido social [CASEN 2017], se revela que no existen diferencias estadísticamente significativas en la evolución del déficit habitacional en Chile entre 1996-2017. Si tomamos como punto de referencia el mismo espacio temporal, los datos indican que las cifras del déficit cuantitativo, expresado en el número de viviendas que se necesitan para dar solución al problema habitacional, se mantuvieron cercanas a  470.000 unidades por año.

Estos resultados sugieren que, en las décadas previas al estallido social, la demanda cuantitativa se mantuvo prácticamente congelada entre la formación de nuevos hogares y la oferta de vivienda disponible. No obstante, las tomas de terreno y los campamentos no fueron una acción colectiva permanente durante el mismo periodo, como sí lo fueron en el contexto post 18/O. Tal panorama evidencia que el déficit habitacional en sí, no constituye una variable de explicación suficiente para comprender el aumento de las ocupaciones de sitios en el periodo reciente.

Por otra parte, se ha afirmado que el contexto generado por el estallido social y la posterior pandemia produjo diversas formas de afectación laboral que impidieron a sectores importantes de la población sostener sus formas de habitabilidad ligadas al arrendamiento y el allegamiento. Lo que no explica esta hipótesis, situada en el empeoramiento de las condiciones materiales de los sectores más vulnerables, es por qué sujetos que estaban sometidos a condiciones socioeconómicas similares —o más graves— actuaron de manera diferente frente a la posibilidad de tomar un terreno, negándose a ser partícipes en muchos casos.

En una investigación que realizamos recientemente, y que tomó como punto de partida lo ocurrido en la Región de Los Lagos ante la proliferación de ocupaciones de sitios pos estallido social en el territorio, intentamos demostrar la importancia que adquieren los acontecimientos sociopolíticos y las memorias que portan los sujetos en el despliegue de acciones colectivas contenciosas por la vivienda.

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La noción de acontecimiento sociopolítico puede ser comprendida como un momento de innovación en el orden fáctico que ocasiona cambios imprevistos, abre espacios de libertad impensados, sin necesariamente desatender las condiciones materiales en las que podrían tener su origen. De tal modo, para quienes participaron en tomas de terrenos y organizaron campamentos, el estallido social se constituye como un contexto de fisura en las trayectorias de vida de un conjunto heterogéneo de sujetos que renunciaron a las formas de habitabilidad que tenían normalizadas y que los vinculaban con prácticas de arrendamiento y allegamiento. Para este grupo, el estallido social brotó como resultado de la incapacidad institucional del Estado para absorber la demanda de acceso a la vivienda. Esta situación es concebida como una injusticia que han experimentado directamente quienes, tras haber cumplido sistemáticamente con los requisitos de vulnerabilidad, organización y ahorro exigidos para ser beneficiarios de un apoyo estatal de acceso a una vivienda, fueron sistemáticamente excluidos.

El 18/O también operó como una instancia política productora de emociones, que dotó a los pobladores de sensaciones de poder, fuerza y valentía para ir en contra de lo que se establecía socialmente como verdad en materia de vivienda, repensando su acceso a esta a través de vías que desbordaron la institucionalidad y recuperaron repertorios históricos de movilización en quienes durante años pusieron su confianza en la política pública para acceder a una vivienda.

Finalmente, el estallido social presentó las condiciones objetivas que van a permitir el desarrollo de acciones colectivas que en otros contextos comunicativos (como el actual) hubiesen sido altamente criticadas. La mayor sensibilidad hacia las injusticias sociales y la crisis multisectorial que se vivía en el país, constituyeron el contexto preciso, abriendo una oportunidad inmejorable para el desarrollo de tomas de terreno y campamentos. En la misma línea, dotó a los pobladores de un lenguaje político específico basado en el significante de «dignidad», lo que terminó por acelerar y condensar los tiempos políticos de diversos sectores que comenzaban a proponer soluciones estructurales al problema, tales como el “Plan de Emergencia Habitacional” del Presidente Boric; o medidas represivas, como la Ley Nº 21633, también conocida como «Ley antitomas».

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Ante la pregunta sobre quiénes son los sujetos que están dispuestos a participar de una toma de terreno y habitar permanentemente un campamento, contemplamos que entre las condiciones materiales y la falta de acceso a la vivienda, existen memorias que están asociadas a trayectorias de vida de pobladores que visualizan la ocupación de sitio como una acción legítima para el logro de una solución habitacional inmediata o futura.

Se trata de sujetos que han desarrollado experiencias directas e indirectas con la toma de terreno y el campamento en el pasado. Ya sea porque habitaron en uno, porque sus familiares o personas cercanas lo hicieron y traspasaron su relato, o porque residen en territorios regularizados que en el pasado fueron ocupaciones. En este sentido, la toma de terreno y el campamento se configuran como un repertorio cercano, factible y exitoso en el objetivo de conseguir una solución habitacional por fuera del arrendamiento y el allegamiento. Tanto en pobladores chilenos, como en pobladores migrantes, se observó la presencia de memorias que operan como reservorios de un conjunto de experiencias y conocimientos que van a permitir a estos sujetos aproximarse territorial y socioafectivamente a una acción colectiva que ha formado históricamente parte de los repertorios de movilización de los pobres urbanos, tanto en Chile como en Latinoamérica. Se trata de elementos biográficos significativos que permiten construir una noción «desde dentro» en torno a las implicancias de ejecutar una toma de terreno y habitar un campamento. Una concepción desprejuiciada que surge como consecuencia de los acercamientos pasados que los pobladores mantuvieron con tales eventos.

La toma de terreno y el campamento constituyen entonces vías históricas que son ejecutadas por un grupo específico de pobres urbanos que, ante la presencia de ciertos acontecimientos y oportunidades sociopolíticas, reactivan experiencias y conocimientos alternativos obtenidos en el pasado, para operar por fuera de las formas institucionales que han sido normalizadas y legitimadas formalmente en el presente. Este conjunto de saberes dan cuenta de una memoria «en clave de poblador» que se define por su demanda específica de vivienda, pero que no responde de forma lineal ni consecuente a ninguna ideología ni proyecto político —pasado ni presente—, sino que es el resultado de influencias ideológicas heterogéneas e interconectadas, en las que palabras como «revolución» y «neoliberalismo» pueden caminar de la mano: si luchar por la propiedad privada es neoliberal, hacerlo mediante tomas de terreno que desbordan la institucionalidad vigente es revolucionario.

En consecuencia, las biografías personales y las interacciones sociales son determinantes para pensar quiénes son los sujetos que lideraron las ocupaciones de sitios en el contexto del estallido social y la pandemia. En nuestra lectura, lo hicieron reactivando saberes y conocimientos que aportaron a la construcción de nuevos marcos de sentido para actuar en el presente, renovando una forma de lucha radical por la vivienda que tiene ribetes históricos. La memoria no se refiere entonces como algo exclusivamente del pasado, sino que emerge en el presente para, cuando la oportunidad lo amerita, transformar la posición de los más débiles en la más fuerte.

Daniel Eyzaguirre Jorquera es Doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales y Magíster en Ciencias Humanas mención Historia. Investigador asociado a la Universidad de Los Lagos y al Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas (CEDER). Osorno, Chile.