Eduardo Vicuña Aguayo
Psicólogo
Magister en Psicología Educacional
Director Departamento de Ciencias Sociales ULagos

La convivencia educativa se aprende, siendo un desafío de quienes participan en todo el proceso educativo. Hoy, frente a preocupantes hechos de violencia en los establecimientos educacionales, se buscan soluciones para su abordaje. Gran parte de ella radica en la prevención.

A nivel internacional podemos revisar el “caso Columbine”, que marca un punto de inflexión en la violencia escolar. Sin embargo, Chile no enfrenta un Columbine, pero sí un deterioro sostenido de la convivencia educativa que, pese a los esfuerzos de las comunidades y los avances legislativos, sigue siendo una tarea pendiente.

Desde 2011, Chile cuenta con una Ley de Violencia Escolar. En 2018 se promulgó la Ley Aula Segura. Hoy, una nueva Ley de Convivencia Educativa se encuentra en proceso de toma de razón, la cual se encuentra centrada en la prevención y el bienestar integral más que en la sanción. Esta fortalece los equipos de convivencia, promueve la intervención temprana, establece una responsabilidad compartida entre escuela, familia y Estado, y refuerza el apoyo psicosocial. Asimismo, abre la posibilidad de implementar “recursos tecnológicos” para detectar armas, bajo criterios justificados, proporcionalidad e idoneidad, todo debe ser normado, acompañado de la actualización de los reglamentos internos.

La evidencia científica indica que el foco debe estar en la educación socioemocional, la participación de las familias y el cuidado de la salud mental. Esto permite avanzar hacia una prevención real y una sociedad más sana. La escuela debe enseñar a convivir, a relacionarnos y a resolver conflictos; tarea que no puede recaer solo en los establecimientos ni en las familias.

Respecto a los pórticos detectores de metales, la evidencia muestra una efectividad limitada y escasa capacidad para prevenir la violencia escolar. Incluso, en algunos casos disminuyen la percepción de seguridad y aumentan la ansiedad. Además, tienden a concentrarse en contextos vulnerables. En Estados Unidos, su uso no supera el 11% (de forma aleatoria) de los establecimientos y se focaliza en zonas de alta violencia.

Si en Chile se decide utilizarlos, debe ser en casos extremos y como medida puntual, nunca como política estructural. El camino sigue siendo fortalecer la salud mental, generar climas positivos, trabajar con las familias e intervenir tempranamente, apoyando el trabajo diario de quienes sostienen la comunidad educativa.