Por el Dr. Juan José Salinas Valdés, Académico de Pedagogía en Educación General Básica sede Chiloé y especialista en formación ciudadana

En 1939 el psicólogo social Kurt Lewin estaba impresionado por el poder de los totalitarismos europeos para seducir a las masas, entonces realizó un experimento social sobre liderazgo que hizo historia. Un mismo grupo de alumnos pasó por tres monitores con liderazgos muy distintos: el autoritario, el liberal y el democrático, los dos primeros fueron un fracaso. En el primero los jóvenes mantuvieron el trabajo y la disciplina, pero solo cuando estaba presente el adulto encargado, pues en cuanto este salía de la sala el caos reinaba; y bajo el liderazgo liberal el trabajo fue abandonado de inmediato y el desorden se apoderó del grupo. Por otro lado, bajo el liderazgo democrático, basado en la participación y el respeto a las normas, el grupo trabajó y convivió de buena forma, incluso con bastante autonomía.

En otras columnas he destacado la participación como un elemento central en la convivencia escolar, ahora quisiera abordar otro aspecto igual de importante: la responsabilidad. En esta línea, los autores Cornell y Huang (2016) han propuesto un modelo que han llamado “autoritativo” -que no es lo mismo que “autoritario”- definido no solo por la participación del alumnado, sino también por una disciplina clara y estricta que es aplicada con justicia, para promover un clima escolar firme pero afectuoso. El énfasis puesto en la disciplina no es casual, pues tal como demostró el experimento de Lewin no puede haber democracia sin respeto a las normas. Sin embargo, la escuela no puede estar sola en esta tarea.

El trágico suceso acaecido recientemente en Calama evidencia una problemática multidimensional, que va desde la labor de las familias y las escuelas al rol del Estado. No obstante, desde hace bastantes años ya, en el país se ha profundizado una dinámica de relación clientelar entre las elites políticas y los votantes-ciudadanos, donde la desresponsabilización respecto a una serie de deberes cívicos parece ser la moneda de cambio para el acceso al poder. Se trata de un “dejar hacer” generalizado que ha llevado a muchas familias a desresponsabilizarse por las acciones de sus hijos, al desinterés por apoyarles educativamente y a descuidar su salud mental. 

Es hora de recuperar la responsabilidad, lo cual es deber del conjunto de la clase política. Es hora de hacer efectivamente responsables a las familias de los actos de sus hijos e hijas menores de edad, especialmente de los actos de violencia, así como de la toma de medidas oportunas para evitarla: consideremos un modelo similar al de los deudores de pensiones alimenticias. También es hora de que el Estado (y la clase política que lo dirige) garantice el acceso a la salud mental en las regiones de nuestro país y promuevan la descentralización geográfica de los profesionales de esta área. 

La violencia escolar es un asunto complejo y muchas dimensiones de la problemática quedan fuera de esta columna, soy consciente de ello. Pero el énfasis de esta no es casual, pues no será posible desarrollar escuelas democráticas capaces de entregar educación de calidad si no se recupera la responsabilidad familiar, estatal y política.