Por:
Dr. Marcel Thezá Manríquez.
Académico de la Universidad de los Lagos (CEDER).
Director del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile).
Dr. Daniel López Stefoni.
Ex Rector de la Universidad de Los Lagos.
Ex director e investigador del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile).
Investigador del Programa Interdisciplinario de investigaciones en Educación (PIIE).
La construcción de lo que llamamos habitualmente “agenda pública”, a saber, los temas que preocupan a la sociedad y que, la mayoría de las veces, exigen un comportamiento gubernamental a través del despliegue de la política, no está exento de paradojas.
Hasta el momento, la política científica de nuestro país no había sido escrutada con profundidad por la sociedad chilena. Queremos decir que ella no era materia de debates profundos, los ministros y ministras de ciencia estaban en la escala de los menos conocidos de los gabinetes ministeriales, y su funcionamiento parecía descansar en una especie de dispositivo de “piloto automático” que ha desafiado provocativamente al tiempo, al cambio de contexto, a la capacidad de deliberación de los ciudadanos y ciudadanas en una materia que es en sí misma estratégica y que ha sido, señalándolo con voz alta y fuerte, muy cómoda para un espíritu de re-producción de conocimiento basado en la competencia fundada en una idolatría a la concursabilidad, en el peso de los poderes institucionales de algunas universidades, en el valor económico más que el intelectual y en la asimetría en el campo cultural. Todo ello, muy lejano del sentido de lo público.
Volviendo a la idea de paradoja, en estas semanas las decisiones del Ministerio de Ciencia en cuanto a la reorientación de algunos de sus programas y al cierre de otros, ha encendido una reacción pública que no es habitual ni esperada a pesar del agobio de otros temas que buscan concentrar nuestra agenda (crecimiento y seguridad); esto, a pesar de la evidencia de lo que ha sido el comportamiento de varios gobiernos en materia de política de ciencia en el mundo y que se han orientado en la misma dirección y con los mismos métodos de lo que está sucediendo en Chile. En lo que respecta a nuestro país, esta naciente controversia toca, por cierto, a los actores de la comunidad científica, pero, a diferencia de otras oportunidades, ésta parece ser más amplia en su impacto público. Hay un mérito en esto y es necesario relevar sus consecuencias.
Si deliberar sobre – o la menos intentar que se conozca- la relevancia de la política de ciencia es, como lo pensamos, la vía para contribuir a un mayor desarrollo nacional, definiendo metas y herramientas, así como para mejorar el lugar que buscamos ocupar en el mundo, resultaría muy razonable, antes de nada, establecer políticas congruentes con dichos desafíos y, como consecuencia, favorecer que nuestro sistema de financiamiento de la investigación y el desarrollo evalúe, por ciclos razonables, cuáles son los mejores instrumentos estratégicos que el país requiere para avanzar según esta hoja de ruta. En esto, por cierto, puede caber la discusión instrumental sobre los programas de becas, fondo Fondecyt o cualquier otro instrumento propio del heterogéneo, desordenado y muy fragmentado sistema que se ha ido construyendo en nuestro país. Las alertas no debiesen encenderse, por lo tanto, como exclusiva reacción a un cambio en cuanto escenario de la acción gubernamental, sino, más bien, a la poca claridad de aspectos que debiesen ser muy relevantes en el debate público y que obligan a todos los actores involucrados, partiendo por una comunidad científica muy acostumbrada a un cómodo statu quo y a un sistema de administración institucional y de medición de calidad muy funcional al productivismo y a la voluntad de no cambiar.
¿Cuáles debiesen ser, entonces, algunos aspectos a considerar?
Lo primero, y más básico, es establecer la pregunta ¿para qué queremos cambiar las orientaciones del sistema de financiamiento del conocimiento?, puesto que, al final del camino, parece que de lo que hablamos es exclusivamente de financiamiento. No hemos escuchado ni la clara formulación de esta pregunta ni un intento de respuesta que sea plausible y discutible. Por ejemplo, en la decisión del Ministerio de Ciencia sobre la eliminación de financiamiento a algunos programas de becas en el extranjero, existe una trampa lógica que no podemos ignorar. Los argumentos de la autoridad solo serían consistentes si esos recursos se derivaran, por ejemplo, directamente a fortalecer los programas de postgrado en nuestras universidades chilenas (sistema nacional). No obstante, la realidad es otra: la decisión no responde a una estrategia académica, sino a una simple reducción de gasto fiscal. Sabemos que, normalmente, un programa que se desfinancia difícilmente vuelve a recuperarse en presupuestos futuros; esto debe decirse con total claridad, sobre todo cuando quien lo comunica es una autoridad.
Lo segundo, alude a cómo se construye una política y las llamadas “definiciones estratégicas”, que es el argumento más utilizado en estos días. Esto no puede ser – por muchas razones – materia de una estricta decisión gubernamental. Chile dispone de una base privilegiada para un diálogo amplio; una experiencia de institucionalidad en ciencia y desarrollo de más de medio siglo y de un sistema de universidades que, en su diversidad, ha sido un actor decisivo en materia de conocimiento, innovación y transferencia. Por lo tanto, existe historia, actores e institucionalidad con la cuál es posible discutir y acordar.
En este marco, es poco pertinente, ineficiente e injusto poner a competir a las disciplinas sobre la base de jerarquías que serán siempre artificiales. Categorizar en distintos niveles de importancia o pertinencia al arte, expresado en nuestra música, nuestra poesía y nuestros relatos, o nuestros ensayos de formación de comunidad y la comprensión de la sociedad, con la inteligencia artificial, la minería, los recursos hídricos, la biotecnología, la salud, la energía, la ciberseguridad y el cambio climático, es evidentemente un despropósito que carece de sentido no solo estratégico sino político.
A modo de introducirnos en esta discusión, es un hecho que todas estas temáticas – extraídas de las bases prioritarias de los instrumentos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANID)- descansan empíricamente en un soporte transversal que en esta discusión queda muy invisibilizado; a saber, la educación. Mejorar el impacto y calidad de nuestra educación desde un sistema de financiamiento relevante y robusto resulta ser lo más crucial en el sentido que ella aborda cualquier otro aspecto; es su condición básica de desarrollo.
Finalmente, estos tiempos complejos y confusos debiesen obligarnos, como mundo académico, a observar con honestidad nuestra historia y nuestro presente, discutir con generosidad los desafíos futuros, pensar en lo esencial, enfrentar los momentos de crisis e inestabilidad con audacia y con la certeza de que ya no es suficiente defender el mundo del ayer, sino que hay que actuar para un Chile que, aun confusamente, debe tomar decisiones para un mundo del mañana. Las ciencias, la tecnología y las humanidades tienen desafíos compartidos para superar las limitaciones endémicas del desarrollo económico, social y cultural del país; particularmente cuando las situaciones del contexto internacional no son alentadoras. Transformar la crisis en oportunidad es nuestro desafío inmediato.
Publicado por: Andrés Zanetti
