Alejandro Retamal Maldonado

Docente e investigador CEDER – ULAGOS

La experiencia del Laboratorio Territorial (LabT) del Magíster de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales (CEDER ULagos) – desarrollado a mediados de junio en Codihué, comuna de Calbuco – se ha convertido en un caso paradigmático, que permite reflexionar sobre el rol de la academia frente a los crecientes conflictos socioambientales del sur de Chile. Esta instancia no solo acercó a estudiantes y docentes a una realidad compleja, sino también abrió un espacio de colaboración con comunidades que enfrentan amenazas directas a sus territorios y a sus formas de vida.

En el marco del LabT, se realizó un taller participativo para explorar sobre el sistema socioecológico del humedal y laguna Santa Teresa, ecosistema actualmente amenazado por un proyecto de relleno sanitario y planta de tratamiento. Este espacio permitió aplicar herramientas metodológicas participativas, promoviendo el diálogo horizontal entre estudiantes y representantes de organizaciones sociales. El ejercicio no solo enriqueció el aprendizaje académico, sino que fortaleció la confianza entre la universidad y la comunidad.

La elección del caso no fue casual. Responde al proceso de movilización impulsado por la “Unión por la Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué”, organización que ha visibilizado la importancia ecológica y sociocultural del humedal, así como la necesidad de una participación ciudadana efectiva en decisiones territoriales. En este contexto, la resistencia comunitaria no es solo oposición, sino que es también la construcción de alternativas que promueven justicia ambiental y equidad territorial.

El laboratorio permitió identificar tanto los límites como las posibilidades de la academia en contextos de conflicto. Tal como señaló una participante: “Esto está súper bien, pero necesitamos apoyo de aquí en adelante también”. La frase expresa la urgencia de que las universidades no solo observen o investiguen, sino que acompañen de forma ética y sostenida los procesos territoriales. Desde su rol crítico, la academia puede aportar al conocimiento situado, a la formación de liderazgos locales y al fortalecimiento de redes comunitarias.

El caso Codihué refleja una problemática extendida en el país: proyectos de desarrollo impuestos que fragmentan comunidades y generan desconfianza institucional. Ante esto, las ciencias sociales aplicadas, desde una perspectiva territorial, pueden ser aliadas clave, no solo para generar conocimiento, sino para incidir, acompañar y defender los bienes comunes.

Para avanzar hacia modelos de desarrollo más justos y sostenibles, es fundamental consolidar una vinculación académica horizontal, ética y transformadora. En ese sentido, las aulas deben abrirse al territorio y, en ese contexto, la academia tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de contribuir a futuros más equitativos, democráticos y sustentables.